A pesar de la indignación del sector inmobiliario, de propietarios y de expertos ante lo que a todas luces es una interpretación forzosa de los reales decretos, el Gobierno sigue empeñado en su voluntad de hacer efectiva la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, incluso si el decreto no logra los apoyos necesarios y decae en el Congreso en apenas unos días. Después de que el pasado lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara que iba a apurar al máximo los treinta días de plazo legal permitidos antes de llevar una norma aprobada en Consejo de Ministros al Congreso, distintos ministros de Sumar e incluso otros partidos de la izquierda como ERC están instando a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos, pero no solo de los que se cumplan en este mes en el que estará en vigor la norma, sino todos los que venzan hasta finales de 2027. Y hoy el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 -también de Sumar- ha añadido leña al fuego con la remisión de una carta a 13 fondos de inversión y empresas inmobiliarias en la que les recuerda su «obligación» de cumplir con la norma.

Todo empezó el pasado 20 de marzo, cuando el Consejo de Ministros incluyó entre las medidas aprobadas para dar respuesta a la guerra de Irán el Real Decreto-ley 8/2026, una medida puramente política ya que el rechazo de los nacionalistas de Junts asegura su fracaso en la Cámara Baja. Concretamente, la norma impone a los propietarios la obligación de renovar de forma extraordinaria los contratos de alquiler anuales hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese en vigor antes de diciembre de 2027.

El caso es que, tres días después de aquel accidentado Consejo de Ministros, que incluyó un plantón de los de Yolanda Díaz a sus socios socialistas hasta que acordaron aprobar el decreto de los alquileres aunque no tuvieran apoyos en la Cámara Baja, la líder de la formación aseguró que el real decreto no iba a ir al Congreso hasta que fuera legalmente obligatorio -30 días- y animó a los inquilinos a aprovechar la ventana temporal para pedir la prórroga.

Y hoy, como ya se ha avanzado, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy se ha sumado a la campaña de presión al comunicar a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que «deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos» que así lo soliciten. En total, las viviendas afectadas suman más de 100.000, según el ministerio. A su vez, Consumo ha solicitado a las entidades «la máxima diligencia» para asegurar la correcta aplicación de la medida, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. En cambio, la oficina dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, no ha identificado a las empresas a las que han sido remitida la misiva.

Un millón de contratos afectados, según Consumo

El departamento de Pablo Bustinduy busca intensificar así el efecto del decreto aprobado con motivo de la guerra a sabiendas de que caerá a final de mes. Por eso tanto el ministro como otros miembros de su partido y de otros socios como el diputado Gabriel Rufián (ERC) están haciendo un llamamiento a los inquilinos para que pidan la prórroga del alquiler antes de que el texto se quede sin efecto.

Según los cálculos de Consumo hay más de un millón de contratos que deben acabar entre 2026 y 2027 en España, pero es un cálculo que hacen en base a las firmas realizadas en 2021 y 2022, sin tener en cuenta que muchas de esas firmas se han podido romper por el camino. El sector privado, en cambio, rebaja la cifra a 300.000 solo en 2026, la mitad de lo que calcula la oficina dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

Los contratos de alquiler que toca renovar en 2026 y 2027 son los que se firmaron tras lo peor de la pandemia, en lo que fue la vuelta a la oficina tras los meses de obligado teletrabajo que muchos profesionales aprovecharon para volver a sus localidades de origen. Ahora, pasados cinco años, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que el pacto entre propietario e inquilino se pueda extinguir (siete años en el caso de que el propietario sea una persona jurídica).

Cumplido ese periodo, el casero puede elegir entre recuperar su vivienda, prorrogar de manera anual hasta un máximo de tres años el actual alquiler o hacer un nuevo contrato con el mismo inquilino y así poder exigirle una renta mayor. Pero el decreto promovido por el ala más a la izquierda del Gobierno lo ha cambiado todo, y además de forzar la moratoria de los alquileres, también limita a un 2% la actualización anual de la renta ante la posibilidad de que se propague una crisis inflacionista derivada de la guerra en Irán.

Los pequeños propietarios, también en contra

Por lo pronto, el decreto de Sumar ha levantado una polvareda también entre los pequeños propietarios, que son la inmensa mayoría de arrendadores que hay en el mercado. Fuentes del sector residencial transmiten a este periódico su «malestar» por un real decreto que consideran un «fraude» y del que aseguran que está «retorciendo» la seguridad jurídica. «Cuanto más intervengan el mercado, más va a caer la oferta y más se van a retirar lo pisos de alquiler para ponerlos en venta. Es inadmisible seguir estrangulando así a los propietarios y generando aún más dudas y pánico a los inquilinos», señalan los mismos informantes.

Ahora, el sector confía en que el PP y Junts cumplan su palabra y tumben el decreto, pero hasta que eso ocurra los inquilinos cuyos contratos venzan antes del 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar la extensión de los alquileres.

El decreto publicado en el BOE el sábado 21 de marzo contempla prórrogas de hasta dos años en plazos anuales para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027. Durante ese tiempo, los propietarios deberán respetar el precio del alquiler vigente y solo podrían esquivar la norma si renuevan el contrato o firman uno nuevo con el arrendatario fijando una renta inferior al del pacto actual.

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